Retenciones, estructura productiva y distribución del ingreso*
Aldo Ferrer
La decisión del Poder Ejecutivo de enviar al Congreso un proyecto de ley referido a las retenciones es una medida acertada para desactivar el conflicto. Al mismo tiempo, abre una oportunidad para debatir las diversas cuestiones involucradas en la cuestión, las cuales, en última instancia, hacen referencia al desarrollo de la economía argentina y su inserción en el orden mundial.
Hasta ahora, el debate sobre el tema se limitado a aspectos parciales. Desde la perspectiva del Gobierno, las retenciones se justifican para evitar que la población pague por los alimentos, que produce y exporta, los precios internacionales, y al mismo tiempo, para redistribuir una renta generada por el aumento de esos precios y no por el esfuerzo de los empresarios.
Desde el enfoque ruralista, las retenciones son consideradas como la apropiación por el Estado de una renta propia, las cuales, a los niveles actuales, consideran confiscatoria. La distribución del ingreso generado por las retenciones, entre el Estado nacional y las provincias, es otro punto polémico de la cuestión.
En resumen, tanto el Gobierno como el ruralismo ponen énfasis en las consecuencias distributivas de las retenciones sin que se preste atención a otra cuestión, aún más importante, que es su efecto sobre la estructura productiva del país. Como sostuve en columnas anteriores en este mismo espacio, los precios relativos en la economía argentina son distintos a los internacionales. En nuestro país, los productos del campo son relativamente más baratos que los industriales por dos razones. Por un lado, la extraordinaria dotación de recursos naturales del país fortalecida, en los últimos lustros, por la capacidad de buena parte del empresariado rural de aplicar las tecnologías de frontera. Por la otra, el todavía insuficiente desarrollo industrial del país debido a las turbulencias políticas y económicas, que signaron nuestra historia. Esa asimetría entre precios relativos internos y los internacionales, implica que para otorgarle competitividad a la totalidad de la producción nacional de bienes transables, es decir, sujetos a la competencia internacional en el mercado interno y en el mundial, tiene que haber tipos de cambio diferenciales para los diversos bienes.
Esto es la consecuencia inevitable de lo que Marcelo Diamand llamó la “estructura productiva desequilibrada”. En otros términos, si para que la producción de soja sea rentable es necesaria, digamos, una paridad de $2 por dólar, para que lo sea la de textiles, productos químicos, maquinarias, etcétera, es necesaria una paridad, supongamos, de 4. Si el tipo de cambio se fija en el primer nivel (fue la experiencia de la convertibilidad), no hay retenciones pero desaparece buena parte de la producción manufacturera.
Y si se establece en el segundo, genera una renta excesiva en la soja que profundiza los desequilibrios en la estructura productiva del país. Todos los Estados modernos, administran las señales de precios del mercado internacional, para acomodarlas a las características de sus precios relativos y estructuras productivas internas, con vistas a su pleno desarrollo económico y social. Este es el sentido de los subsidios de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, sin los cuales no existiría el agro ni la seguridad alimenticia en Europa.
Definir un modelo propio
En definitiva, de lo que se trata es de resolver quién determina la estructura productiva argentina. A saber, el mercado mundial o nosotros mismos. Si sucediera lo primero, transciendo los precios relativos internacionales al mercado interno sin interferencia (las retenciones) del Estado, el campo sería un apéndice del mercado mundial en vez de un sector fundamental de la economía nacional. El resultado, entonces, sería el siguiente: como el campo, es decir, toda la cadena agroindustrial, genera sólo el 40% del empleo total en la Argentina, todavía un país subpoblado, sobraría más de la mitad de la población. Es, en consecuencia, preciso construir simultáneamente, un campo eficiente en la frontera tecnológica (como viene sucediendo) con una gran industria avanzada y también en la frontera tecnológica. Es, por lo tanto, indispensable que los tipos de cambio diferenciales (por ejemplo, vía retenciones) confieran competitividad a toda la producción de bienes transables. Es decir, la estructura productiva la debemos decidir los argentinos para construir una economía desarrollada con pleno empleo y despliegue del potencial productivo de todo los sectores y regiones.
Sobre esta cuestión conviene aclarar dos puntos que forman parte del debate: por un lado, el supuesto que un tipo de cambio alto significa salarios bajos. Esto no es así porque el poder adquisitivo de los salarios lo determinan los precios y servicios de producción interna, los cuales constituyen más del 90% del gasto de los asalariados. Lo que importa para la competitividad es que los salarios reales sean bajos en dólares pero altos en poder adquisitivo interno. Además, el salario real es fundamentalmente determinado por el nivel de empleo, no por el tipo de cambio.
Así se explica que, durante la convertibilidad, hubiera salarios altos en dólares, desindustrialización, alto desempleo y caída de salario real en poder adquisitivo interno. Por el otro lado, por razones múltiples que han sido explicadas, entre otros, por Eduardo Curia, el tipo de cambio relevante para la competitividad es el referido al dólar y no a una canasta de monedas. La economía argentina opera en la zona dólar y las expectativas empresariales y las decisiones de inversión se fijan en torno a la paridad peso-dólar o en el marco del comercio administrado, como el realizado con Brasil.
Estructura integrada.
Contar con una estructura integrada agro-industrial es indispensable no sólo por razones de empleo y poblamiento sino, además, para gestionar el conocimiento. La ciencia y la tecnología son los motores fundamentales del desarrollo y sólo se despliegan plenamente en las economías integradas industrialmente complejas, las cuales, si además (como en los Estados Unidos, Canadá y Australia) cuentan con granes recursos naturales, amplían sus posibilidades de crecimiento. Por eso también la teoría de la “maldición de los recursos naturales” que se fundamenta en el hecho de que los países que sustentan su desarrollo en sus recursos naturales abundantes (petróleo, cobre, tierras fértiles, etcétera), nunca llegan a ser naciones integradas avanzadas ni, por lo tanto, superar el subdesarrollo.
Llevar el debate de las retenciones al Congreso es una espléndida ocasión para que el máximo espacio político de la República sea el ámbito para resolver estas cuestiones fundamentales que incluyen, como se ha visto, mucho más que los contenidos redistributivos de las retenciones. Incluyen la totalidad de la estrategia del desarrollo del país y del estilo de inserción en ele mundo compatible con el pleno despliegue de su posición productiva.
El consenso que es indispensable alcanzar requiere compromisos del campo y del Gobierno. Del campo, aceptar que el sector no es un apéndice del mercado mundial sino un sector fundamental de la economía argentina y que el Gobierno nacional, en el ejercicio de la soberanía nacional y del mandato que le confirió la ciudadanía, tiene la obligación y el derecho de administrar las señales del mercado internacional a los fines de promover el pleno despliegue del potencial productivo, de todo el campo, toda la industria y todas las regiones. Del lado del Gobierno, es imprescindible que éste acepte que, en el pleno ejercicio de las facultades que legítimamente ejercer, es preciso el dialogo y la construcción de una sinergia permanente y creativa entre la esfera pública y la privada.
Sobre la base de estos principios podría acordarse de que lo que debe discutirse no son las retenciones sino la rentabilidad determinada por precios, costos, impuestos y las múltiples variables que influyen en la ecuación económica y financiera de las empresas del campo. O, si se prefiere tratar las retenciones, refiriéndolas a sus efectos sobre la rentabilidad y su incidencia en las perspectivas del desarrollo del sector. Es asimismo imprescindible atender a las situaciones diferentes dentro del complejo sector que, para simplificar, llamamos campo, tanto por tamaño de empresas, producciones, regiones, cuando en la dimensión social involucra en la agricultura familiar y las condiciones de empleo y retribución de los asalariados rurales.
En mi columna de la semana pasada en este mismo espacio y sobre el mismo tema, empecé diciendo que probablemente el conflicto había entrado en su fase de resolución. El mismo día de su publicación, las cosas se agravaron aún más. Sin embargo, la acertada decisión de la Presidenta de involucrar al Congreso en la cuestión, ratifica que esta opinión no era una simple expresión de deseos sino una posibilidad real. La misma que se sustenta en condiciones excepcionales, tanto en el espacio interno como en el escenario mundial, para el desarrollo del país.
*Publicado en Buenos Aires Económico, Jueves 19 de Junio de 2008. Año XI. N° 2832, Tapa y contratapa (página 32).
